López Obrador avanza con su plan energético y lo convierte en una batalla ideológica

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está decidido a emprender una reforma energética que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado, y aplasta en la práctica a la iniciativa privada poniendo en riesgo la inversión extranjera. La revisión del modelo, que esta semana recibió el visto bueno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ha despertado duras críticas de organizaciones empresariales y de la oposición. Las Cámaras de Comercio de España y de Estados Unidos rechazan la iniciativa y compañías como Iberdrola ya han descartado nuevas inversiones en México.

En el ojo del huracán no están solo las repercusiones económicas de la reforma, sino también su impacto ambiental, ya que las centrales de la CFE son más obsoletas. Sin embargo, López Obrador ha hecho de su plan otra bandera de ruptura con el pasado reciente. Este viernes llegó a enmarcar la nueva ley en su discurso de lucha contra la corrupción. “Ahora está en debate lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían desaparecer para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, corruptas. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras”, lanzó en su rueda de prensa matutina. El mandatario cargó contra Iberdrola sin aportar más argumentos que las ayudas públicas. “No solo se le compra caro. La CFE les compra a estas empresas a precios elevados, sino que además las subsidia. Entonces, al aprobarse esa reforma legal nos vamos a ahorrar mucho dinero y qué podemos garantizar con ese ahorro, que no nos cueste más la luz a los consumidores”.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya desechó, ante esta reforma, la posibilidad de nuevas inversiones en México después de dos décadas presente en el país latinoamericano. Esta semana, la Cámara Española de Comercio (Camescom) señaló a través de un comunicado que “la Ley de la Industria Eléctrica afectaría a inversiones empresariales realizadas conforme a las normas y tratados en vigor”. Esas inversiones, según cálculos de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, aportaron al país 17.675 millones de dólares “por concepto de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica”. La mayor parte de los intereses europeos corresponden a España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos, recuerda institución. La Cámara estadounidense advierte además de que el plan de López Obrador, que consideró “profundamente preocupante”, vulnera el tratado comercial suscrito entre ambos países y Canadá.

La revisión del modelo no responde, según los analistas consultados, a un diseño de carácter económico, sino más bien ideológico. “La única valoración que hay es ideológica y política. No creo que haya consideraciones de otra índole. La reforma eléctrica se va a aprobar y va a tener consecuencias muy graves para el país”, valora la economista Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). En su opinión, el plan supone, sí, una ruptura con los mandatos de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, pero al mismo tiempo un regreso a un pasado más lejano, cuando la iniciativa privada no estaba contemplada. “El México de hoy no es el México de 1970”, afirma en referencia a la falta de inversión en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

“En México los presidentes nacionalistas que expropiaron y nacionalizaron son los grandes héroes”, lamenta el consultor David Shields. “Esto no tiene nada que ver con la confiabilidad eléctrica, ni con asuntos técnicos, ni con el precio de la luz, ni con el medio ambiente. Todo tiene que ver con un prejuicio ideológico, una revancha política”, apunta. “En general los gobiernos llamados neoliberales, Fox, Calderón, Peña Nieto, nunca quisieron desaparecerla”, señala este experto, que lleva tres décadas observando la evolución del sector. Pero al mismo tiempo se creó un clima en el que algunos funcionarios de la CFE se sintieron agraviados por las últimas reformas y mantuvieron un pulso con las empresas, según su análisis.

La última reforma se remonta a 2013, bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, y fue controvertida. La legislación requirió una reforma constitucional y fue criticada en su momento por haber pasado por ambas Cámaras en el Congreso sin un debate. Sus opositores, entre ellos la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, rechazó la idea de que beneficiaría a todos los mexicanos, argumentando que serían solo las empresas las que sacarían réditos. La reforma pasó en 2013 y para 2015, entraron empresas nuevas al mercado, abierto por primera vez desde que México expropió el petróleo de manos extranjeras en 1938.

La propuesta de Peña era, sin embargo, ambiciosa. Su propósito central, de acuerdo con sus proponentes, era mejorar la competencia en el sector energético, algo que, con el tiempo, se debía traducir en menores costos en la electricidad y los combustibles. Al permitir que empresas con mucha experiencia entraran por primera vez a México, la CFE y Pemex se verían obligadas a mejorar sus procesos y precios para no perder su posición dominante en el mercado. También pretendía traer más ingresos al Gobierno porque por cada barril extraído de un campo petrolero mexicano, la empresa debía pagar una tasa impositiva. Además, buscaba cambiar el modelo energético del país e impulsar energías renovables.

Y luego estaba el “momento mexicano”, como se le conoció a la promesa de crecimiento económico hecha por la Administración pasada. La Secretaría de Energía (Sener) aseguró que solo en 2018, los compromisos de inversión al sector energético por parte de empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, iban a alcanzar los 200.000 millones de dólares. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), dependiente del Gobierno estadounidense, estimó que entre 2015 y 2025, las inversiones generadas por la reforma serían de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares. De concretarse, el sector energético aportaría a la economía mexicana el equivalente a lo que el país recibe en inversión extranjera directa, en combinación con todas las industrias, en un año. Se generarían empleos y el producto interno bruto del país se dispararía.

Esas previsiones eran muy optimistas. En cualquier caso, por primera vez en la historia del país, y a partir de 2019, la paraestatal Comisión Federal de Electricidad tuvo competidores, empresas privadas que generan electricidad y la venden a domicilios y pequeños comercios. La llegada de López Obrador al Gobierno supuso un giro radical. En agosto del año pasado, medios nacionales informaron de que el presidente pidió a los reguladores del sector no otorgar permisos a empresas privadas para beneficiar a las paraestatales. Y ahora las empresas privadas se encuentran en un limbo de permisos no otorgados por el regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el operador del sistema eléctrico, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

“En general, la iniciativa privada ha podido colaborar bien con la CFE. Este Gobierno dice que es un abuso, un fraude, pero no lo denuncia y quiere cambiar el modelo”, continúa Shields. López Obrador ha dejado claro que seguirá adelante con su plan a pesar de las críticas. Es posible que la reforma energética no haya cumplido las promesas económicas hechas por la Administración anterior, sin embargo, la obstaculización que ahora enfrentan los inversores privados sugiere que México no lo sabrá con certeza.

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